Por José Miguel Silva (La República)
Según se estipula en el proyecto de ley aprobado por el Poder Legislativo, la Ley de Consulta Previa, obliga al Estado a realizar todos los esfuerzos por lograr un acuerdo entre población y la empresa que busca invertir en una zona determinada.
Si se logra un acuerdo, entonces será vinculante (de obligatorio cumplimiento), no obstante, si esto no llega a darse, será el Estado, a través de sus autoridades (quien deberá tomar la decisión final sobre la concesión futura).
¿Qué riesgos y esperanzas abriga esta nueva ley? Para saber eso conversamos hace poco con la investigadora del CIES, Giselle Huamani, quien es experta en Conflictos Sociales.
¿Cómo evolucionó el tratamiento de los conflictos sociales en el país, durante los últimos 20 años?
En el gobierno de Fujimori se daba la “terminación de los conflictos”. No había punto para negociar. Se perseguía a todos los que podían tener una sombra de senderistas. Existía un temor de la protesta, no había posibilidad de que se pueda dar en realidad un conflicto porque de inmediato se terminaba. En el caso de Paniagua y Toledo yo diría que se da más bien una “resolución de conflictos” en el sentido de que sí veían problemáticas, pero en el de Alan se da una “administración de las crisis”. Hay un total desborde de demandas, de problemáticas, con un gobierno que solo reacciona ante estas expresiones para evitar perder gobernabilidad.
¿Se ha centrado mucho el debate en el tema de la ley de Consulta, es decir, hay un universo de retos aún mayores tras ella?
Yo creo que sí. El universo de problemas es mucho más que la Ley de consulta. Esto es solo un instrumento previo a todos los procesos, no solo de inversión minera, de hidroeléctricas y de grandes proyectos que afectan los pueblos indígenas. Muchas veces se piensa en la Ley de Consulta como el instrumento que resolverá el conflicto y el hecho de que se haga consulta en un determinado momento y se la utilice como una forma de solucionar una situación crítica aguda en la cual de repente una empresa ha estado en una serie de faltas o generando preocupación por parte de las comunidades. Muchas veces esto (Consulta) se entiende como una forma de rechazar o remover una iniciativa privada o pública de una determinada región.
Y esa no es la idea…
Definitivamente no lo es. Ahí se desnaturaliza la idea de la Consulta. Si uno quiere utilizar la Consulta para rechazar algo, no cabe esto, sino otro tipo de mecanismo, otro instrumento. Por ejemplo, hoy, si una empresa consecutivamente hace Estudios de Impacto Ambiental defectuosos, no hay mecanismos que digan “acá te corto el proyecto”. Tú ya has impactado diferentes acuerdos o condiciones ambientales, y debería haber una sanción que diga que el proyecto no va más.
¿Entonces cuál debe ser la finalidad del mecanismo?
Lo que la Consulta debe hacer es, al inicio de todo proceso extractivo, abrir precisamente ese espacio de diálogo, de escuchar la participación de los diferentes actores que pregunten que pongan condiciones, que negocien, que se evalúe de todos los ángulos, y que se les brinde el tiempo para poner condiciones de desarrollo que sí quieran. ¿Encaja o no encaja dentro de la visión de desarrollo de estas comunidades? La consulta debe ser parte de estos otros procesos y debe insertarse dentro de un plan de desarrollo concertado y no como lo es hoy, mucho conflicto, batalla.
¿El gobierno anterior creía que consultar a las comunidades era quedarse sin inversiones no?
Consultar sin tener en cuenta instrumentos como: un plan de desarrollo concertado, falta de ordenamiento territorial, falta de zonificación económica ecológica o carencia de procesos de desarrollo que puedan servir como referentes, etc, impide evaluar el proyecto en todas sus perspectivas. Que quede claro, la Consulta no debe usarse para sancionar a una empresa, como se ha venido haciendo, porque esto no resuelve los problemas tampoco. El hecho de que haya una consulta y se rechace una iniciativa no es una respuesta al desarrollo. Hubo lugares en donde se rechazó determinadas iniciativas, pero sin tener algo alternativo.
¿Dónde debe estar el Estado, al medio o del lado de una de las partes?
Yo creo que el Estado no necesita estar del lado de las empresas, puede ser un ente técnico que de las normativas, que vigile las condiciones y requisitos para satisfacer los estándares ambientales y sociales, pues una empresa que los cumpla beneficiará finalmente a todos. El Estado debe asegurarse de exigir los mejores estándares y las mejores condiciones para la comunidad pues así se beneficia a sus pobladores, haciéndolos partícipes de diferentes actividades económicas.
¿Esto no se ha venido cumpliendo?
Definitivamente no. En muchos casos hubo funcionarios muy suaves, tomando acciones poco éticas como pasar Estudios de Impacto Ambiental “copiados y pegados”, es decir, puras barbaridades.
¿Cómo así se dieron decenas de concesiones sin pasar por consultar a la población?
El proceso de las concesiones no involucra a los gobiernos regionales, viene del Estado Central, del ministerio de Energías y sus oficinas. La información que se le da a la gente es por los periódicos. Las concesiones se dan y la gente las toma con sorpresa, después se asustan y se encolerizan. Ese es un proceso que genera una gran conflictividad, temor y desconfianza. ¿Qué respeto es ese si no me han consultado o informado?
¿Humala dijo en campaña que respetará las opiniones de las comunidades en cuanto a la aceptación de inversiones, qué pasa si viene un rechazo masivo de iniciativas?
El riesgo de que la Consulta sea usada como un mecanismo de rechazo es real. El tema es que no se use como herramientas de sanción. Creo que los que han hecho mal deben ser sancionados de otra manera. Como no hay esas herramientas, la Consulta se ha venido usando con ese fin. Creo que no basta con una sola, sino con varias más que deben ser de seguimiento, consultas con “c” minúscula.
¿Y el rol de las comunidades cuál debe ser?
Deben comprometerse seriamente en estos procesos. Algunas comunidades dicen primero “ya, pero me dan polos, lapiceros y camisetas” y dan el pase, pero al mes dicen que ya no, porque quieren ahora una cancha, de pronto le dicen que sí y dan pase nuevamente por seis meses y luego vuelven a decir que no, pues ahora piden mil dólares por cada habitante. Entonces, va por los dos lados, de la empresa de tomar en serio sus propuestas y por el de las comunidades que se comprometan a participar en una visión de desarrollo y corten con el asistencialismo.
¿Ya, pero quién es el llamado a liderar estas comunidades, el alcalde, el presidente del frente de defensa o quién?
Ahí hay que reconocer los roles de cada uno. Las comunidades generalmente tienen su propia organización, representantes indígenas o su propia estructura. Muchas veces pertenecen a municipios en donde el alcalde tiene un rol de hacer puentes de diálogo. Los Frentes de Defensa tienen un rol de visibilizar problemática que le son “invisibles” a los gobiernos regionales para ponerlas en el escenario público. Si, los alcaldes, pueden cumplir su rol, entonces el Frente De Defensa puede cumplir un rol de monitorear de fiscalizar y no más bien de tratar de abanderar determinadas causas, que es lo que hacen hoy.
¿Pero hay comunidades en donde el alcalde fue electo con el 30% de votos y de pronto el presidente del Frente de Defensa fue el que perdió en las elecciones, o quizás algún otro líder es también perdedor, esto complica las cosas porque cómo puede un alcalde sentarse a conversar con los que derrotó en las elecciones?
Es que eso es parte de la democracia. Es parte de la vida. La idea del 50 más 1 igual te obliga a conversar y a rendir cuentas. Se entiende mal que como me han elegido 30% debo negociar a regañadientas pero si me eligieron 60% me siento encima de todos. No pues, eso está mal. Así hayas sacado el porcentaje que sea, debe negociarse con todos. Las propuestas deben reflejar esa variedad de opiniones.
Claro pero el problema es que varios alcaldes no lograban una representatividad real. Ellos no lograron concretar mucho. A Lima vino Aduviri y él se sentaba a conversar, sin ser autoridades elegida.
Claro el problema es que en nuestros líderes no tenemos mucha tradición democrática. Esta será la primera vez que tenemos tres gobiernos democráticos consecutivos. No se suele dialogar con oposiciones. Al que está en desacuerdo se le estigmatiza, ridiculiza, “n” cosas. Si bien muchos de los liderazgos no son democráticos y tanto el Frente de Defensa como los alcaldes deben desarrollar capacidad de diálogo y de negociación. Muchos pueden tener carisma pero adolecen en capacidad de solucionar conflictos.
